Extorsiona, que algo queda.

Alicante: multa de 100 euros por rebuscar en los contenedores de basura (¿cómo va a pagarlos el que estaba buscando comida o ropa de la que carecía?). 600 euros por tirar pan a las palomas. Ciudad Real: 75 euros al que corra o salte por la vía pública (¿qué haces si estás a punto de perder el autobús…? ¿vuelas? ¿te teletransportas?). Badalona: 600 euros por sacudir una alfombra en el balcón o escupir en la vía pública. Madrid: 750 euros a las comunidades que no reciclen. Hay muuuuuchos más ejemplos delirantes, pero no caben en tan corto espacio.

¿Debe el ciudadano medio pagar el pato de los excesos de una clase política que ha malversado, robado, mal gestionado… y a la que ahora no se le ocurre otra para arreglar el desaguisado que volverse surrealista en sus propias coacciones? Tanto el Gobierno central como los Ayuntamientos -que despilfarraron el dinero de las vacas gordas mediante corruptelas varias, favores a primos y cuñados, bolsas de basura viajeras y demás estafas al contribuyente netamente celtibéricas- quieren hoy llenar las arcas merced a un afán recaudatorio caníbal, y ven absurdo, por lo visto, pedir a la sensatez lo que se puede conseguir mediante la extorsión.

Y ayer leo que el Ministerio del Interior ha establecido un sistema en el que se premia a los guardias civiles que pongan más multas, y que recompensará más al agente que multe que al que auxilie en carretera. ¿Me ha sorprendido esta noticia? No, ya nada me sorprende. Desgraciadamente, he asumido que vivo en un estado dadá.

De Lucía Etxebarría visto en Adn